LOS INTERDICTOS POR CAUSAS PSÍQUICAS Y LOS INHABILITADOS EN EL PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL. UNA MIRADA DESDE LOS VALORES

Me he propuesto en estas líneas describir la regulación del régimen propuesto por el Proyecto de Código Civil en referencia a los inhabilitados e interdictos por causas psíquicas y necesariamente su comparación con el actualmente vigente.

Antes de entrar en los aspectos propiamente técnicos del tema, donde encuentro más interesante la tarea, es en el contraponer los valores que inspiran este nuevo sistema, con los que inspiraron los anteriores.

Cuando hablo de lesbianas anteriores sistemas, me refiero a los dos regímenes que han existido en nuestro derecho positivo. El original del Código y el instaurado por la ley 17.711

Adelanto desde ya que los valores que impregnan el nuevo régimen propiciado por el Proyecto de Código Civil son los que casi en forma unánime ha propiciado no sólo la doctrina sino la comunidad toda, pues no debemos olvidar que se trata de una típica temática de aspectos multidisciplinarios.

El sistema en el Código de Vélez Sarsfield

El codificador en este tema se apartó del antecedente francés y siguiendo a Freitas estableció un sistema de solución binario, traducido en el esquema rígido, y reitero, binario, de sano-enfermo. Expresamente no adoptó aspectos intermedios.

Definiendo al demente desde el punto de vista estrictamente médico y siguiendo aparentemente la clasificación psiquiátrica de Philip Pinel, dijo que serían relatos eroticos tales, aquellos que estén en estado habitual de: a) Manía, b) Manía parcial, c) Demencia, o d) Imbecilidad.

En el art. 472 estableció que serían de ningún valor los actos posteriores de administración que el incapaz celebrase.

Se trataba de un sistema tan rígido que, o por un lado se poseía la más amplia capacidad y libertad ilimitada, o en su defecto, al franquearse la delgada línea de la sentencia de interdicción, se pasaba a la sombra más absoluta de la total incapacidad.

La incurabilidad de la demencia en el siglo pasado – factor clave de influencia en Vélez Sarsfield .

No es casual en este tema la postura binaria que adoptó Vélez Sarsfield. En primer lugar obedecía a una realidad concreta derivada del concepto de incurabilidad del demente.

Se recuerda en la obra Juicio de Insania (Cifuentes-Rivas Molina-Tiscornia, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1997) que en el siglo pasado el tratamiento médico era primitivo, y si bien ya se había superado la época donde los dementes eran considerados como poseídos o satánicos, el trato que recibían era similar al de los criminales o los mendigos. Las internaciones a que eran sometidos obedecían solamente al peligro que acarreaban, y no eran ajenos al “tratamiento” los cepos, las cadenas, el castigo y el hacinamiento. Al promulgarse el Código Civil y podríamos decir que hasta avanzado el presente siglo la siquiatría se encontraba indefensa frente a la locura. Su tarea se reducía a un tratamiento sintomático de la excitación, a un régimen alimenticio y a un sistema semi-carcelario para impedir las reacciones antisociales del alienado. Así, muchas psicosis que podían ser curadas terminaban convirtiéndose en demencia total.

Por lo tanto este concepto imperante en esa época respecto a que la locura era incurable influye en que el sistema que se diseña para los dementes determine una total incapacidad pues se estaba ante alguien que seguramente no sanará y de quien sólo cabe esperar algún desmejoramiento de su salud psíquica.

Otra valoración que, desde mi punto de vista personal, también influyó en Vélez Sarsfield al diseñar su sistema

Reflexionando sobre el tema estimo, como opinión estrictamente personal, que al legislar sobre dementes, paradójicamente, el codificador se encontraba más motivado a proteger a los no dementes.

En efecto, la formación ideológica liberal de Velez, su férrea defensa a ultranza de la libertad individual le hace valorar como legislador, que la existencia de sistemas intermedios para los no dementes podría ser un riesgo a la libertad de los individuos.

Puesto a diseñar un sistema para los que están en inferioridad de condiciones, pone el acento tuitivo principalmente no en estos, sino en el resto de la comunidad a los que potencialmente se les podía llegar a limitar la libertad sin serlos. Así estimo que entiende que debe legislar pensando prioritariamente en como asegurar el mantener intocable la plena capacidad de los no dementes.

Así es como establece una incapacidad absoluta limitativa de la libertad del demente que juega como reaseguro de la libertad, también absoluta, de los que no lleguen a ser tan disminuidos, es decir que no lleguen al extremo descripto en el art. 141. Su desconfianza de que intervenga un tercero, el Juez, le hace desistir de la existencia de esos estratos intermedios, pensado, reitero, en proteger más a los no dementes que a los alienados.

Podemos resumir esa idea en que para Vélez Sarsfield, más vale correr el riesgo de que un disminuido en sus facultades mentales otorgue un acto perjudicial, que un Juez limite a quien no lo es. Es un concepto afín con el otro concepto, también de raigambre liberal, de que es preferible un culpable libre que un inocente preso.

Es un concepto coherente con el rechazo a la intervención y las regulaciones del Estado sobre el individuo, no porque piense que la regulación sea en sí mala o porque opine que los disminuidos no deberían ser protegidos, su desconfianza recae sobre el tercero que debe aplicar el sistema, ese tercero, el Juez, para Vélez Sarsfield no es otra cosa que otro falible ser humano, a quien se debe ser muy estricto al facultarlo a decidir sobre aspectos fundamentales del individuo, y ello en un código que venía pocos años después de una Constitución Nacional que en su art. 29 se preocupó de dejar sentado que serán calificados como infames traidores a la patria los que otorguen sumisiones o supremacías por las cuales la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno (el Juez lo integra) o persona alguna. Entonces, sólo ante el caso irrefragable de una demencia total y sin dudas, cabría limitar las facultades a un individuo.

Este pensamiento no es ajeno a todo el sistema de Vélez ya que lo vemos en otras instituciones como por ejemplo el abuso del derecho cuando afirma en la nota al art. 2513 que “Toda restricción preventiva tendría más peligros que ventajas. Si el Gobierno (de los cuales los jueces forman parte) se constituye en Juez del Abuso, ha dicho un filósofo, no tardará en constituirse Juez del uso, y toda verdadera idea de propiedad y libertad sería perdida”. Igual concepto le hizo desechar, por ejemplo, la institución de la lesión.

No extraña entonces que, acérrimo defensor de evitar persecuciones y límites a la libertad, Vélez Sarsfield se haya preocupado de establecer, en un código de fondo, disposiciones completas acerca del proceso de insania.

La reforma de 1968 – Un cambio – Un paso adelante – Su insuficiencia al día de hoy

La doctrina se fue alzando al son de nuevos aires que animaban las dos cuestiones que llevaron a Velez a plantear su rígido esquema y los grises comenzaron a ser preferidos a los inflexibles blancos y negros pues es propio del derecho y preferible, el matiz al trazo grueso, se tiene más posibilidades de ser justo.

Los cambios en la forma de ver al disminuido por parte de la ciencia médica como los cambios ideológico-jurídicos, donde comenzaron a prevalecer ciertos principios solidaristas y tuitivos sumado a un requerimiento de mayor participación del Juez en evitar situaciones injustas, fueron eliminando en el ambiente jurídico los temores de Vélez Sarsfield, lo que hizo que fuera grande el beneplácito de la doctrina al recibir el art. 152 bis que, con la reforma del año 1968, incorporó sistemas de protección para los ebrios, los toxicómanos, los disminuidos en sus facultades y los pródigos.

Pese a ser reformado, el sistema volvía a ser coherente con el espíritu del código pues esa reforma acuñó en general el concepto de mayor participación del Juez, al receptar el abuso del derecho, la lesión subjetiva y la teoría de la imprevisión. Eliminó el concepto de para siempre y se reivindicó el derecho, mejor dicho el deber, de la justicia de no permanecer impávida ante situaciones injustas.

Así se llega a dos cambios:

a) El primero la incorporación del criterio mixto, que modifica el concepto médico de demente que Vélez Sarsfield había cristalizado en el art. 141 y que por su juego con el art. 52 por el cual sólo es posible declarar las incapacidades que la ley establece (principio vinculado con las garantías constitucionales obrantes en los artículos 17 y 19 de la Constitución Nacional), hacía que muchas enfermedades no descriptas en el citado artículo 141 y que tenían incidencia en la vida social y de relación entre las personas quedasen fuera de la esfera jurídica de esa norma, dejando así sin protección adecuada al individuo que la sufría.

b) Se incorpora el art. 152 bis, creando la categoría, en cierta forma intermedia, de los inhabilitados.

Lo que hoy resulta anticuado e insuficiente del sistema creado por la ley 17.711

Si bien en la reforma se amplió la nómina de personas que pueden ser protegidas por estar sujetas a un estado de inferioridad, los inhabilitados, éstos fueron incorporados de acuerdo a la impronta de los antecedentes clásicos.

Así es como el único fin o resguardo que prevé el sistema es referente a lo patrimonial. Se recoge así la construcción histórica del instituto, que viene del Consejo Judicial del Código Francés, del Código Italiano anterior a la unificación, y en otros códigos, pues era la manera en que las codificaciones del siglo pasado resguardaban los intereses de las personas, a lo que no era ajeno el concepto de incurabilidad de la enfermedad mental pues se buscaba más la prevención de daños a terceros y la custodia del alienado, que el tratamiento y la recuperación.

El nuevo paso que hace falta dar hoy

Nuevamente comienza a advertirse la insuficiencia de un sistema jurídico con la aparición del claro síntoma que representa el hecho que la doctrina y la jurisprudencia, comiencen a interpretar las normas con un criterio mucho más amplio que el que permite su literalidad. Ese estiramiento de la norma lleva, en ciertos casos, a contradecirla. En esa situación mantener el sistema provoca consecuencias disvaliosas como son la pérdida de seguridad jurídica derivada de sentencias contra legem y la demostración de la existencia de un divorcio entre derecho y realidad.

Hoy en día ya no está en discusión el papel del Juez como era el desideratum de Velez, sino el tratamiento de la enfermedad mental, en sus tres aspectos , el intelectual, el volitivo y el afectivo.

Los tratamientos de puertas abiertas, el avance de la medicación de psicotrópicos (sin llegar a las fantasías del hallazgo de la fórmula de la felicidad, el Prosac) la remisión de las psicopatías, incluso los avances en el tratamiento de las manifestaciones y la promesa de abordar directamente la cura de la esquizofrenia, muestran hoy un escenario distinto.

El admitir la parcialidad de la afección mental que le hace decir al prestigioso psiquiatra García Badaracco (citado por Cifuentes-Rivas Molina-Tiscornia en la obra antes mencionada), que hoy en día se ha pasado del concepto decimonónico de “enfermedad mental” al de “salud mental en alguna medida deteriorada”. Todos los enfermos mentales tienen un alto grado de salud mental, pero un desequilibrio en algún sistema que afecta la personalidad, mejorado el cual, se vuelve a la normalidad.

Por todo ello, las rigideces en este ámbito tal como existen en el régimen actual, no pueden seguir sosteniéndose. La flexibilidad y la búsqueda de la mejor solución para el caso particular deben hacer pie en el sistema que deba regir a los sujetos que padecen estas inferioridades.

El sistema que diseña el Proyecto de Código Civil interpreta adecuadamente los valores y las necesidades actuales, como plus, agrega mayor precisión técnica .

El Proyecto de Código Civil representa los valores que predominan ampliamente en la sociedad de hoy que recién mencionáramos y por ende interpreta adecuadamente las necesidades actuales del instituto pero manteniendo rigideces donde es necesario mantenerlas. Tomando en consideración el moderno concepto acerca de las enfermedades mentales, en especial admitiendo la parcialidad de la afección mental, dota al Juez de herramientas apropiadas y flexibles para que pueda dar a cada caso una solución a medida.

La piedra angular de dicho enfoque, la encontramos en el art. 32 del proyecto el que establece que la sentencia determinará la extensión y los límites de la incapacidad dotando a su vez al tribunal de la facultad de especificar que actos debe realizar por sí el interdicto y cuáles con asistencia del curador. Esto supone un cambio fundamental con los dos regímenes anteriores caracterizados por soluciones binarias y predeterminadas por la ley, donde el Juez se limitaba a incluir a un individuo en una de las dos únicas categorías existentes capaz o incapaz.

La importancia del cambio es trascendental pues a partir de ahora se sale de la solución binaria. Como decíamos antes, una temática tan delicada y donde están en juego aspectos tan inherentes a la persona, merecía un sistema que implique una atención personalizada y matizada de cada situación.

Luego de esta toma de partido por otros valores distintos que los que respaldan el régimen actualmente vigente, el proyecto mantiene aciertos de los anteriores sistemas, perfeccionando técnicamente las disposiciones. Podemos señalar las siguientes:

Empezando por la terminología que define la sección, la disposición del art. 27 resulta más técnicamente adecuada pues habla de interdictos eliminando el término “demente” que, si bien contaba con larga tradición jurídica, era impropio como denominación genérica ya que la demencia es sólo una, entre varias, de las afecciones mentales.

Vuelve a acertar el proyecto en ese artículo al no limitar la posibilidad de interdicción a la enfermedad mental ampliándola a la insuficiencia o debilitamiento de las facultades psíquicas, lo que permitirá abordar afecciones que técnicamente pueden no ser calificadas como enfermedades.

El siguiente art. 28 trata de los legitimados para solicitar la interdicción, resolviendo en primer lugar, un problema por el cual discutía la doctrina como era si el cónyuge separado de hecho se encontraba entre los excluidos o entre los legitimados para solicitar la interdicción, asimilándolo al divorciado o separado judicialmente. A su vez incluye al propio interesado en esta nómina y elimina el arcaico supuesto del cónsul cuando el alienado sea extranjero y también el inc. 5to. del art. 144 que habilitaba a los vecinos en caso que el demente sea furioso, eliminación que resulta técnicamente apropiada toda vez que estos damnificados por el actuar del insano, tienen siempre la puerta de la denuncia al Ministerio Público, que es el órgano adecuado para evaluar e instar el proceso de interdicción y no un simple vecino al que pueden animarlo otros objetivos.

En el siguiente art. 29 se define claramente las partes del proceso y se establece específicamente la facultad del denunciante de poder aportar pruebas.

El art. 30 es otra muestra de la instauración de la valoración distinta que impregna el nuevo régimen propuesto. En efecto, en la interdicción provisoria se faculta al Juez a tomar medidas con el más accesible requisito de “si lo estima conveniente” en comparación contra la rígida disposición actual del art. 148 que exige “demencia notoria e indudable”. También es más amplio y adecuado el contenido de lo que esta interdicción provisoria puede consistir, pues puede abarcar la protección de la persona (bien jurídico prioritario) y no sólo el patrimonio del denunciado como lo prevé el actual 148.

Los arts. 33 a 36 tratan acerca de las internaciones coactivas y si bien se otorgan facultades al tribunal para disponerlas, se resguardan apropiadamente los derechos para lo cual el art. 33 fija las pautas que debe merituar el Juez , el art. 34 define en qué casos pueden disponerse cuando no se trata de personas ni denunciadas ni declaradas interdictas, el art. 35 fija requisitos ineludibles que debe contener la sentencia de internación y el art. 36 permite la internación de urgencia por autoridad policial, pero, le impone el deber de comunicación inmediata al tribunal.

Respecto de los actos jurídicos de los interdictos posteriores a la sentencia, se mantiene el sistema que dispone el actual art. 472 y los arts. 38 y 40 mejoran la técnica de los actuales arts. 473 y 474 en lo que hace a los actos anteriores y al supuesto de la persona fallecida.

En el art. 41, que refiere el caso del cese de la interdicción, se incluye como novedad la posibilidad de que el Juez transforme la interdicción en inhabilitación, facultad que también confiere al Juez el art. 32 para el momento de dictar sentencia.

También es representativo de esta nueva valoración que impregna el proyecto, lo que éste propone para los inhabilitados en los arts. 42 a 44 donde la flexibilidad y la priorización de la recuperación de la salud, campea en la nueva regulación de este instituto, ya que el Juez puede fijar en la sentencia el alcance de los actos en los que el inhabilitado debe ser asistido, faculta también al tribunal a tomar medidas tendientes a la recuperación de la salud, saliendo así de la visión estrechamente patrimonial que exhibe hoy el instituto.

Consideración final

Como colofón podemos decir que en este Proyecto de Código Civil, la afección mental encuentra un tratamiento acertado por estar basado en una escala de valores distinta de la que animó el código de Vélez Sarsfield, habiendo logrado desprenderse de los preconceptos de incurabilidad del insano y los temores respecto de los jueces, yendo, en consecuencia, más allá de lo que avanzó la reforma del año 1968.

El proyecto plantea un régimen más amplio, con más matices y más rico en posibilidades de éxito, pero, también más difícil en su ejecución.

En efecto, sin duda un sistema como el propuesto, puede ser más engorroso. De hecho dará mucho más trabajo a jueces, abogados, curadores, funcionarios, peritos, etc, pero, los valores en juego de hoy en día, diferentes a los de Vélez Sarsfield, nos obligan a poner el acento en la curación y recuperación del disminuido como prioridad número uno del sistema. El proyecto de código civil asume el desafío y le provee de un adecuado marco normativo.

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